Es cierto que las sociedades están en permanente proceso de transformación, o de remodelación al menos, y esto generalmente ocurre de manera tan paulatina o silenciosa que los cambios no suelen ser perceptibles en lo inmediato y muchas veces la visibilidad de los cambios puede ser recién apreciada por varias generaciones posteriores.

Otras veces ocurren eventos que precipitan estos procesos de transformación, y en nuestro país hemos experimentado en un período muy corto de tiempo dos grandes eventos, como lo son la crisis social expresada en los sucesos ocurridos desde octubre de 2019 y  el brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19), que han actuado como catalizadores y acelerantes de un proceso de transformación que, a juicio de algunos se encontraba ralentizado o bien en estado de latencia.

Ahora bien, siempre hemos sabido que el Derecho, como marco normativo regulador de las relaciones que se dan en toda sociedad, debe adaptarse al contexto en el que se pretende su aplicación y por ende fluir de algún modo con aquellos procesos de transformación, o cuando menos intentarlo.

Llevada esta idea al ámbito del Derecho del Trabajo y, de forma más directa a las relaciones laborales, nos encontramos probablemente con una de las ramas del Derecho que más refleja esta necesidad de transformación de modo tal que la regulación que ofrece tenga concordancia con la realidad de la sociedad en un momento determinado.

Así, podemos recordar que el surgimiento del Derecho del Trabajo se encuentra estrechamente vinculado al fenómeno de la Revolución Industrial, y por ende es un reflejo de lo que sucedía en la sociedad en ese momento dado.

Luego, la Sociedad Industrial evolucionó hasta un punto en que hoy podríamos decir que nos encontramos viviendo en la Sociedad de la Información, caracterizada por la facilidad y capacidad de transmitir, compartir u obtener información desde cualquier lugar, bajo cualquier forma y además con un sentido de inmediatez.

De este modo, en respuesta a este fenómeno, el mundo del trabajo hace su entrada con el establecimiento de nuevas formas de trabajo que respondan a las exigencias de esta Sociedad de la Información y claro, surgen de manera tan vertiginosa que muchas veces el Derecho del Trabajo no alcanza a dar respuesta con la inmediatez que demandan estas nuevas formas, caracterizadas por la rapidez con que circula la información.

En nuestro país, debido a los últimos grandes acontecimientos, ha quedado en evidencia cierta falta de sincronía entre las nuevas formas de trabajo y la regulación que nuestro marco normativo ofrece. Sin embargo, en contexto de encontrarse la mayor parte de la población en confinamiento para prevenir el contagio de una enfermedad declarada como pandemia, se hace urgente regular la figura del trabajo a distancia o como se le ha denominado teletrabajo.

Y pese a que, ya existían intentos previos por normar estas nuevas modalidades, fue recién hace unas semanas que entró en vigencia la Ley número 21.220, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia.

Sabemos que el trabajo a distancia, trabajo remoto o teletrabajo ha sido probablemente el mecanismo más eficaz a la hora de salvar vidas, proteger la salud gran parte de la población y evitar que millones de personas pierdan su fuente de empleo, al verse imposibilitadas de prestar sus servicios de otro modo que no sea presencial.

Sin embargo, el fenómeno del teletrabajo también nos exige poner el foco en ciertos aspectos que son de gran importancia, pues tienen incidencia directa en la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores.

Por ello, sabidas las ventajas que trae consigo el trabajo a distancia en el contexto que vivimos, se hace necesario analizar de qué forma éste es compatible con la vida familiar y personal de trabajadoras y trabajadores, sobre todo considerando que el trabajar desde el hogar implica necesariamente compatibilizar dos aspectos de la vida que antes estaban más claramente delimitados quizás, tornandose más difusa la línea que separa la vida laboral de la vida personal.

Ineludiblemente, este tema nos lleva a preguntarnos ¿qué está ocurriendo con todas aquellas trabajadoras que están desempeñandose desde sus hogares? La pregunta tiene su afán. Y es que, en nuestro país, las mujeres llegan a emplear hasta 6,6 horas diarias en trabajos domésticos no remunerados, mientras que en los hombres la cifra no supera las 3,2 horas diarias. Si pensamos en una mujer que está sujeta a una jornada ordinaria de trabajo, entonces nos encontraremos con alguien que trabaja alrededor de 9 horas diarias, a las que se deben adicionar las horas de trabajo doméstico.

El fenómeno es de gran relevancia y nos invita a la reflexión, sobre todo a la luz del deber de protección de la salud y seguridad que en nuestro ordenamiento recae sobre el empleador, pero sobre todo desde una visión crítica de la forma en que estan ordenados los roles y distribuidas las funciones en nuestra sociedad en razón del género, de modo tal que nos lleve a preguntarnos si es posible efectivamente que la mujer se desarrolle en el mundo del trabajo en condiciones de igualdad, de trato y oportunidades respecto de sus pares hombres.

Daniela González García
Abogada Laboralista
Defensoria de la Mujer

Un Comentario

  • Avatar Eliecer Gonzalez Palma dice:

    Muy buen articulo reflexion profunda que nos obliga a replantearnos en terminos de igualdad de derechos .