En nuestro país, la legislación aplicable a estas situaciones en circunstancias de normalidad, permite a las mujeres tener un descanso prenatal de 6 semanas antes del parto y de 12 semanas después del mismo, el que puede llegar a extenderse a las 24 semanas cuando se hace uso del descanso postnatal parental.

Pues bien, ahora que nos encontramos en circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia, estas reglas pueden encontrar serias dificultades en su aplicación.

Por una parte, la posibilidad de encontrarnos con un número importante de trabajadoras embarazadas que deben seguir asistiendo a sus lugares de trabajo pese a estar en etapas avanzadas de su embarazo, ya que el descanso prenatal sólo se hace efectivo 12 semanas antes de la fecha de parto, con el consiguiente riesgo que ello significa tanto para la salud de ella como la del/la niño/a que está por nacer.

Luego, nos encontraremos con aquellos casos en que, estando vigente el estado de excepción producto de la pandemia, se termina el descanso postnatal y la trabajadora debe volver a su trabajo a prestar servicios. Sumado a lo anterior, recordemos que las medidas sanitarias que ha impuesto la autoridad con la finalidad de disminuir los contagios incluyen la prohibición de funcionamiento de salas cuna y jardines infantiles, por lo que puestos en un escenario como el descrito es imposible no preguntarnos ¿Quién y cómo se hace cargo del cuidado de esos/as niños/as cuyas madres se verán obligadas a volver a sus puestos de trabajo en tiempos de pandemia?

El tema se hace más evidente aún si consideramos que en los últimos días el país ha sido testigo de la existencia de jardines infantiles y salas cuna que se encuentran funcionando de manera clandestina, pese a las declaraciones de cuarentena, debido al importante número de casos de mujeres que se han visto obligadas a volver a trabajar.

Creemos que es de suma relevancia que nuestro Estado enfrente esta grave situación, entendiendo que la prioridad debe consistir en otorgar una real y efectiva protección a las mujeres trabajadoras y a sus hijos/as, ya que las consecuencias de mantener la situación actual o de abordar el tema con políticas que resulten insuficientes o dejando de lado el verdadero interés a proteger tendrán un gran impacto a nivel económico en aquellas trabajadoras que se verán privadas de poder seguir percibiendo una remuneración íntegra, así como también a nivel de salud, entendiendo que no sólo existirá un alto riesgo de verse afectadas -ellas y sus hijos/as- en su integridad física al estar constantemente expuestas a una posibilidad de contagio, sino también en su integridad psíquica al verse enfrentadas a un escenario de total desprotección.